El modelo hegemónico concibe la adicción como una enfermedad cuya causa es biológica, colocando toda la carga sobre la sustancia. Según este enfoque, la alternativa es a nivel personal -la abstención- y a nivel social -la prohibición. Frente a esto, los nuevos paradigmas plantean dos cosas: lo problemático es la relación con el consumo, no la sustancia en sí (lo que permite incorporar elementos psicológicos, sociales y políticos en los que el consumo se produce), y que no todo consumo es necesariamente problemático. Como sintetiza Silvia Inchaurraga, directora del Centro de Estudios en Drogadependencias de la UNR y secretaria general de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), “si nos corremos del modelo hegemónico que sitúa la causa en las sustancias, nos situamos en una problemática mucho más compleja donde nos importan las personas que consumen, las motivaciones por las que lo hacen y las problemáticas subjetivas y sociales que las acompañan”. Así, a la abstención y la prohibición se oponen el enfoque biopsicosocial del consumo problemático, la reducción de daños y, en una instancia aún lejana, la legalización de las drogas.

En Argentina, este paradigma se volvió política de Estado con la Ley de Salud Mental, reglamentada en 2013, que habla del uso problemático y reconoce el derecho a recibir atención sanitaria integral y humanizada; a ser tratado con la alternativa que menos derechos y libertades restrinja. El Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (IACOP), lanzado en 2014, profundiza este enfoque impulsando un abordaje interdisciplinario e integral, incorporando “reducción de daños”, entendida como “aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de los sujetos”. Para Inchaurraga, “el término consumo problemático es superador de una lógica en la que el simple contacto con la sustancia era sinónimo de una dependencia, que llevaba a un abordaje que tenía que ver con la medicalización”.

Sin embargo, esta perspectiva convive en lo jurídico con un paradigma contrapuesto, sintetizado en la aún vigente Ley de Drogas (23.737), sancionada en 1989 y completamente abstencionista y prohibicionista: según esta, los usuarios de drogas son delincuentes o enfermos. Mientras estos enfoques opuestos coexisten, usuaries y profesionales siguen luchando por la implementación efectiva de la Ley de Salud Mental y por un presupuesto acorde, mientras todavía existen comunidades “terapéuticas” que vulneran derechos, reproducen lógicas de encierro, patologizan el consumo y aíslan a las personas de sus familias y amistades.

“En los últimos años se habla más de reducción de daños, pero no han aumentado los presupuestos o las acciones, como testeos en fiestas, alertas tempranas a partir de drogas decomisadas, analizar adulterantes de la cocaína, tips para aspirar en forma más segura o pipas para evitar lesiones asociadas al uso fumado”, lamenta Inchaurraga. José Gómez Colussi, secretario técnico del Centro Huella, institución que aborda consumos problemáticos en Paraná, coincide en que “la reducción de daños implica prácticas que estatalmente no se terminan de llevar a cabo”, y puntualiza que “ha costado mucho implementar la ley por lo que implica la institucionalización de nuevas prácticas en las institucionesde salud”. “Se ha avanzado, pero hay todo un horizonte a seguir laburando”, resume.

El modelo hegemónico concibe la adicción como una enfermedad cuya causa es biológica, colocando toda la carga sobre la sustancia. Según este enfoque, la alternativa es a nivel personal -la abstención- y a nivel social -la prohibición. Frente a esto, los nuevos paradigmas plantean dos cosas: lo problemático es la relación con el consumo, no la sustancia en sí (…) y que no todo consumo es necesariamente problemático.

Acompañar sin castigar

Según el Observatorio Provincial de Abordaje Integral de Problemáticas de Consumo, hay en Entre Ríos 183 dispositivos que trabajan la temática. Tres cuartos de ellos son centros de atención primaria en salud (79) y hospitales (63); el resto se reparte entre dispositivos territoriales de Sedronar, hogares religiosos, clínicas y sanatorios. En Paraná, entretanto, hay 79 dispositivos. Uno de ellos es Red Puentes, de los tantos que tiene la organización –perteneciente al movimiento social Nuestramérica- en todo el país, parte de la red de Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario de Sedronar y que recibe a personas en situación de calle y con problemas de consumo.

—Tenemos una asamblea donde hablamos de cómo se siente cada uno– explica Jacque, una de las coordinadoras-. Después nos dividimos las tareas de la casa: limpiar, ordenar, cocinar, cuidar las plantas. Tenemos talleres de huerta y cocina, un grupo terapéutico, una asamblea de situación de calle y un taller cultural en el que hacemos cosas con las manos. También salimos a pasear: hemos ido a la isla Curupí, a museos.

—¿Y qué entienden por consumo problemático?

—Entendemos que el consumo es una problemática social y que la sociedad no concibe al ser humano como un sujeto con oportunidades –responde Lucía, otra de las coordinadoras-. Esto se recrudece según la clase social: la peor mierda es la que consumen nuestros compañeros, y los termina matando. Sembramos preguntas, pero no desde un lugar punitivo, sino crítico: qué consumimos, para qué, por qué no podemos pensar un proyecto de vida.

—También recalcamos que no somos sólo consumidores; somos novios, padres, trabajadores, seres humanos con deseos y sueños –agrega Jacque. Sacamos el foco de la sustancia y tratamos de pensar en la integralidad de la vida.

El dispositivo es habitado principalmente por varones, algo que Jacque atribuye a los prejuicios que rodean a las mujeres que consumen, muchas madres solteras: “Son denunciadas, interviene la Justicia y les sacan los niños; sufren las miradas prejuiciosas de cómo se debería comportar una mujer”.

Facundo tiene 22 años y consume drogas desde los 12: alcohol, faso, merca, pastillas y crack: “Ahora hace cinco días que no tomo pastillas porque me está controlando mi novia. Me dijo que podía tomar dos pastillas por día, yo tomaba cinco”. “Te lleva por el camino de la reducción de daños”, comenta riendo Jacque. El consumo de Facundo se enmarca en un contexto de precariedad y vulneración de derechos: luego de haber quedado en la calle, ahora se está armando un ranchito. “Conocí Puentes cuando era menor y estaba en una probation, y me gustaba porque había talleres de macramé, malabares, y hacíamos una ronda y hablábamos. Ahora estoy cumpliendo una condena y pedí venir porque me ayuda un montón, me siento bien. Acá me permito estar tranquilo, en la calle no puedo”, relata.

La relación de Pablo con las sustancias comenzó a los 16 años. “En un momento mi consumo empezó a irse de control, pasé a hacerlo todos los días y empecé a tener problemas en el trabajo y con mi familia. Tuve mi primera internación a los 35 años: empecé con las pastillas y vi que si las mezclaba con alcohol era como estar bajo el efecto de otra droga. Luego estuve tres años sin consumir hasta que caí de vuelta en el consumo, con el crack, y terminé en situación de calle a los 40”.

—Hace poco estuve tres meses en rehabilitación, si es que se le puede decir rehabilitación. Me di cuenta que el más problemático de mis consumos eran los psicofármacos. Mi última internación no fue una gran experiencia, todo bien con Dios y los evangelios, pero sacarte todo de golpe produce un desequilibrio total. Ahora tomo medio clona a la mañana, medio al mediodía y uno a la noche; y si me levanto con deseo de tomar una cerveza digo “no tomo el clona”.

Hoy Pablo reconoce estar parado en un lugar diferente. “Lo importante fue asumir que mi consumo problemático, justamente, es un problema, y a partir de ahí tratar de frenarlo”, explica, y afirma que hoy intenta “buscar contención, mantenerme lúcido y hacer lo posible para llevar una vida más sana”.

—Acá uno empieza a problematizar el consumo, porque un consumo no siempre es problemático -dice Jacque. Para mí lo problemático tiene que ver con poder hacerse preguntas en relación al consumo: ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué no puedo hacer las cosas que antes hacía?¿Por qué no me puedo relacionar con gente?

—La propuesta de consumir lo que sea tapona el ser –agrega Lucía. Todas las estrategias que impliquen ir reduciendo me parecen piola para construir algo más saludable, como le pasa al Facu; si consume dos pastillas en lugar de cinco, genial, porque está más lúcido y puede pensar otras cosas.

—La reducción de riesgos tiene que ver con reducir el consumo de ciertas sustancias para generar otras válvulas de escape más vitales, que nos permitan potenciarnos –sintetiza Jacque. Acá no tenemos una perspectiva lineal. En todas las asambleas debatimos en tema entre todos, lo problematizamos y construimos ideas nuevas.

—Y sin culpabilizarnos, porque eso bloquea hablar del problema –añade Lucía. ¿Cómo vas a hablar con alguien sinceramente si lo estás señalando, si lo castigás?

Lucía considera que “es poca” la oferta pública “para abordar situaciones de consumo complejo, por ahí una persona necesita internarse y no hay lugares gratuitos para buscar ayuda”. “Una internación con todo el equipo interdisciplinario está saliendo medio millón de pesos mensuales”, destaca.

—Yo convivo con gente que tiene problemas de adicciones, va a parar al Hospital Escuela y le enchufan una pichicata que te deja dopado mal –agrega Pablo. Pierden el uso de la razón, no saben si es de día o de noche. A una chica la inyectan todos los meses y quedó hecha una zombie, se siente enferma, no puede hacer nada.

Para Jacque, el dispositivo está atravesando un momento “de gran recorte”, lo que precariza a les trabajadores y les obliga a hacer malabares para sostener los espacios. “El Estado tiene que brindar la posibilidad de acceder a internaciones gratuitas, accesibles y de calidad”, aporta Lucía, que considera que la Ley de Salud Mental “es mal leída” a veces, principalmente en lo que refiere al carácter excepcional de las internaciones involuntarias.

—La otra vez acompañamos a una compañera a Tribunales a averiguar por su hijo y la secretaria de la jueza nos dijo “no lo pueden internar porque él no quiere”. Su familiar ni siquiera había sido consultada sobre la externación. “Es una persona con esquizofrenia y una problemática aguda de consumo, la ley dice que tiene que haber un equipo que evalúe y considere la situación”, respondimos. Es un artículo que a veces no se interpreta bien, y se usa para lavarse las manos.

Otro problema es la falta de formación de las fuerzas de seguridad en salud mental. Jacque cuenta que los pibes que asisten a Puentes “sufren mucha persecución, y ante los casos de crisis la Policía no sabe cómo actuar”. El caso paradigmático es el de Vicky Núñez, una chica trans asfixiada hace dos años por efectivos policiales que la “redujeron” luego de un brote. “Es una buena ley, pero falta formación y presupuesto”, concluye Jacque.

El dispositivo está atravesando un momento “de gran recorte”, lo que precariza a les trabajadores y les obliga a hacer malabares para sostener los espacios. “El Estado tiene que brindar la posibilidad de acceder a internaciones gratuitas, accesibles y de calidad”, aporta Lucía, que considera que la Ley de Salud Mental “es mal leída” a veces, principalmente en lo que refiere al carácter excepcional de las internaciones involuntarias.

Imagen de Adriel Radovitsky (@testigo.de.dali)

Tercerización de la atención e intereses en juego

El Centro Huella nació en 1994 y es una institución pública y gratuita de la provincia que depende del Hospital Escuela de Salud Mental y que se dedica principalmente a la asistencia, además de la prevención, promoción y trabajo territorial. Para eso, cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que aborda cada caso de forma específica. “No hay un tratamiento predeterminado sino que eso se evalúa y se va trabajando la particularidad de cada situación”, comenta su secretario técnico José Gómez Colussi, que destaca que reciben un promedio de 500 consultas mensuales.

—A veces lo problemático no tiene que ver con el nivel de consumo sino con el contexto. Por ejemplo, en el último tiempo llegan más personas en situación de calle, y lo último que podemos hacer es suprimir el consumo de alcohol de alguien que transita de esa manera el malestar de dormir con frío. En ese marco, rompemos con algunos prejuicios como la obligatoriedad de abstención del consumo.

—¿Qué sustancias utilizan las personas que llegan?

—Primordialmente cocaína, y luego alcohol. Llegan principalmente jóvenes, y también ha aumentado en el último tiempo la demanda de mujeres, que antes estaban excluidas por una cantidad de prejuicios. Por ejemplo, la maternidad: una madre no puede consumir, y entonces empiezan temores respecto a perder la tenencia.

Según el Observatorio Argentino de Drogas, sólo el 40% de los dispositivos de abordaje de consumos problemáticos a nivel nacional está preparado para recibir a niñes de hasta 12 años[1]. En un sistema que delega la responsabilidad de maternar –y el estigma de decidir no hacerlo- en las mujeres, esto representa una enorme barrera en el acceso al tratamiento.

A la hora de evaluar los logros de la Ley de Salud Mental, Gómez Colussi destaca que la norma “ha reducido el porcentaje de pedidos de la Justicia”. “Antes una persona llegaba a la Justicia por una situación de violencia, decía que consumía una sustancia y el juez ordenaba un tratamiento. Entonces venía acá cuando quizá no quería tratar eso, no lo consideraba un problema”. Por otro lado, marca como puntos a saldar algunas lecturas equivocadas de la ley, como jueces que afirman no tener “herramientas para internar (o no) a una persona” o profesionales que creen que el hecho de que la “internación sea el último recurso posible eso implica automáticamente sacar camas”.

Por sobre todas las cosas, Gómez Colussi enfatiza el dilema de los “sujetos que no están en condiciones de ser internados pero tampoco están para un tratamiento ambulatorio liviano”. En su opinión, faltan opciones intermedias: “Las casas de medio camino podrían responder a esa situación, pero hay que establecer redes para que esos tratamientos puedan sostenerse”. Algo similar piensa Silvia Inchaurraga, que considera que “los casos complejos no encuentran alternativa en los programas de día, porque requieren un abordaje a cargo de profesionales especializados; un centro con dos psicólogos para una treintena de pacientes no va a permitir lo exhaustivo que requiere el abordaje individualizado”.

Frente a este gris, y ante situaciones que demandan internación, florece la dudosa alternativa de las comunidades terapéuticas privadas, que para Gómez Colussi son un tema “complejo”, con “muchos intereses en juego”. “Creo que es necesario un mayor control del Estado, porque como no están muy reguladas hay una variedad enorme de modalidades de tratamiento. Algunas cuidan un poco más los derechos de los usuarios y otras no. Es delicado que una persona ingrese a un lugar y a partir de allí se le quite una cantidad de derechos y que no haya una intervención del Estado ahí. Y además es Sedronar quien beca a las comunidades terapéuticas: son privadas, pero se mantienen gracias a lo público”.

Frente a este gris, y ante situaciones que demandan internación, florece la dudosa alternativa de las comunidades terapéuticas privadas, que para Gómez Colussi son un tema “complejo”, con “muchos intereses en juego”

Lógicas de la crueldad

En general, estas comunidades terapéuticas tienen enfoques abstencionistas que muchas veces se cruzan con elementos religiosos; algunos ejemplos son Aprender a vivir, en Concepción del Uruguay, o Luz de vida, en Paraná. Una de las más importantes de estas organizaciones, Remar, fue foco el 11 de julio pasado de 38 allanamientos en siete provincias (entre ellas Entre Ríos), a raíz de los cuales se detectaron “indicios de situaciones compatibles con reducción a la servidumbre y explotación laboral”; personas que llevaban adelante largas jornadas de trabajo sin percibir ningún pago. Tres meses después, la causa está en etapa de instrucción.

Quizá el caso más tristemente paradigmático que conoció Entre Ríos fue la comunidad terapéutica Ibicuy, fundada en 1983 en una isla cercana a Villa Paranacito, que recibía pacientes en su mayoría extranjeros que abonaban hasta 2000 dólares por mes. El espacio funcionaba de forma restrictiva y con internaciones prolongadas, algo que, en sus últimos años, iba contra la Ley de Salud Mental; un sinnúmero de personas que pasaron por allí hablan de torturas, humillaciones, trabajo esclavo, aislamiento de familias y amistades, gritos y una vigilancia constante.

El director de la comunidad, Juan Ferreyra, escribió un libro en el que detallaba los lineamientos de su programa, y relataba como algo divertido una oscura secuencia que vivió durante su propia experiencia de rehabilitación en Estados Unidos: “Pregunté qué había que hacer para salir y me indicaron que hablara con el coordinador, pero que en ese momento no se podía porque iba a haber una asamblea general. Me encontré con todo el grupo sentado en el comedor, en absoluto silencio, y después entró el director con un muchacho al que le preguntaron por qué quería abandonar. Ensayó algunas explicaciones, que no le gustaba, que no era para él, y le señalaron que era un cobarde, que nunca terminaba lo que empezaba y que su familia no lo quería. Luego lo disfrazaron de conejo por querer escapar como los conejos, que huyen por el bosque, temerosos. Cuando terminó la asamblea volvieron a consultarme por mi pedido de audiencia con el coordinador. ‘No, ya no es importante…’, respondí”.

“Debemos reformular la definición de adulto: si un adulto es una persona capaz de sostener metas a largo plazo, o posponer sus deseos en función de algún otro requerimiento más importante, entonces el adicto no llega a adulto”, afirmaba Ferreyra en otro segmento del libro.

Luego de muchas denuncias por maltratos –e incluso una fuga de 24 internos en 2011- el programa fue cerrado en 2021, aunque jamás se profundizó en la investigación de los delitos, que hoy continúan impunes. El periodista Pablo Galfré, especialista en investigar vulneraciones a los derechos humanos en comunidades y granjas de rehabilitación, considera que, si bien se ha avanzado en el último tiempo, “el paradigma no ha cambiado, porque lo que rige en la sociedad es el anhelo de encerrar en contra de su voluntad a quien consume drogas”.

—Sí ha cambiado la forma de trabajo, la metodología terapéutica, y hay un montón de comunidades que no realizan internaciones compulsivas y que no violan los derechos humanos. Las instituciones han cambiado a partir de la Ley de Salud Mental, pero la ley no se cumple en su totalidad, porque hay muy pocos dispositivos comunitarios, tratamientos ambulatorios, hospitales de día. Falta mucho por hacer.

—¿Y qué pasa con las internaciones involuntarias?

—Lo que establece la ley es que cuando una persona está internada en contra de su voluntad tiene que tener a disposición un abogado y un juez. Lamentablemente eso se cumple poco, en las instituciones habilitadas; y otras ni siquiera avisan cuando realizan internaciones involuntarias, sobre todo clandestinas.

—¿Cuánta plata mueve el mercado de las comunidades?

—Esta industria mueve mucha guita. En Nuevo Camino hace dos meses estaban pagando 100 mil pesos por mes, y esa plata sólo cubre arroz, fideos y aceite; las familias tienen que llevar galletitas, yerba y medicamentos. Son lugares que muchas veces no tienen terapia, no tienen psicólogos. Entonces es pura ganancia, porque prácticamente no tienen gastos, sólo el alquiler. Tampoco gastan dinero en seguridad o empleados, porque los internos son esclavizados y cocinan, limpian, hacen las camas.

Pareciera que, cuando se trata de personas con consumos problemáticos, se naturalizan crímenes que, en otros contextos, serían mucho más repudiados, cuestiona Galfré.

—Está naturalizado que se puede maltratar a los usuarios de drogas, y está naturalizada la tortura dentro de los contextos de encierro. Encerrar a una persona en contra de su voluntad en instituciones clandestinas es un secuestro. Provocar que esas personas se fuguen y estén vagando por la selva, como en Ibicuy, es un delito: más en una selva desconocida para ellos, porque las personas generalmente no son oriundas de los lugares, por eso también digo que son deportadas. Darles comida en mal estado, no brindarles terapia idónea, encerrarlas en habitaciones; son delitos, y lamentablemente se naturalizan.

El encierro, la abstención, la prohibición y el castigo son caras de la misma moneda. Frente a ellos, nuevos paradigmas florecen, más humanos, menos simplistas, con el foco en el sujeto, profundizando así un camino que requiere el compromiso del Estado para transformar leyes en realidades concretas.

[1]https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/oad_2023_primer_relevamiento_nacional_de_dispositivos_de_cuidado._informe.pdf